Los funcionarios públicos están cada vez más controlados por otros órganos públicos y por la sociedad en general, ya que su actuación es de vital importancia por el funcionamiento de las instituciones públicas. Toda persona que ocupe un puesto en la Administración Pública tiene responsabilidades legales derivadas del ejercicio de sus funciones y una actuación incorrecta de dichas funciones puede provocar daños y perjuicios a terceros, incluida la propia Administración.